La adopción no es un derecho subjetivo de los adultos para satisfacer deseos o expectativas, sino una institución jurídica de protección excepcional diseñada, única y exclusivamente, para restituir el derecho del menor a crecer en un entorno familiar idóneo.

La política del reconocimiento se convierte, paradójicamente, en una política de coacción. Así, los derechos dejan de ser una expresión de la dignidad y se convierten en una obligación social, jurídica o moral.

Es fundamental reflexionar sobre si la concesión ilimitada otorgada a la libertad de pensamiento, en conjunción con el progreso científico y tecnológico, podría conducir a nuestra propia destrucción.