El pasado domingo 10 de julio se conocieron las últimas encuestas referentes al proceso constitucional chileno. Los resultados indican una aceptación actual al nuevo proyecto constitucional de apenas el 35%, un rechazo de 53% y un 12% de indecisión. Los resultados no son nada favorables frente al texto definitivo aprobado para el plebiscito a realizarse en septiembre de este año, que decidirá finalmente si se adopta o no el nuevo texto constitucional.

            Llama la atención que estas estadísticas son sustancialmente diferentes a las de finales de enero, donde los datos revelaban un 56% de aprobación, un 36% de rechazo y un 11% de indecisión. En cuestión de seis meses, el proceso constitucional, tan prometedor, prácticamente se revirtió y ahora apunta en la dirección contraria. Las razones políticas son múltiples, pero entre ellas cuentan la agresiva intromisión de políticas de izquierda, escándalos políticos dentro de la Convención Constitucional encargada de la redacción del texto, lo apresurado del proceso constitucional, etc.

            Para ponernos en contexto, es necesario que recordemos el origen de este proceso. Fue en 2019 que las fuertes protestas en Chile motivaron la revolucionaria idea de la renovación social, nacida de las pululantes heridas de descontento en contra de una supuesta mala gestión política durante las últimas décadas, encarnada en ese momento en la figura del expresidente Sebastián Piñera. Esto dio paso a que en 2020 se consultara al pueblo chileno sobre su decisión de adoptar una nueva constitución, diferente a la que tienen desde 1980.

A pesar de que en los últimos 40 años la Constitución vigente ha sido modificada 59 veces en 257 artículos (considerando que solamente tiene 143 artículos, lo que significa que hay artículos que fueron reformados más de una vez) aún se la sigue llamando “la Constitución de Pinochet”, aunque actualmente la Carta Magna lleve la firma del expresidente Lagos, de ideología política contraria.

El proceso chileno debe llevar a toda la región a una profunda reflexión. América Latina desde tiempos inmemoriales ha sido marcada por la injusticia social, la pobreza y el drama humano. Todos buscamos un cambio, todos buscamos vivir en un país mejor y estar gobernados por mejores dirigentes políticos. Sin embargo, este deseo de medro no implica necesariamente un rechazo a todo lo anterior, como si la gestación de un nuevo marco legal o un nuevo gobierno fuesen la mágica solución a todos los problemas. Ese es el discurso que se quiso instaurar en  el último paro nacional en el Ecuador.

El cambio es bueno si estamos preparados para afrontarlo con sus retos y consecuencias, pero nunca es fácil. Un borrón y cuenta nueva nos impide aprender de los aciertos y errores del pasado, nos impide reconocer la importancia de las grandes voces que, en su momento, reivindicaron grandes espacios políticos, silenciándolas o rechazándolas. Nos impide avanzar hacia un cambio de necesidades reales para ser convencidos por quimeras paradisíacas.

La situación del proceso constitucional chileno demuestra, con mucha madurez, que no es suficiente el ansia de cambio para encontrar la solución a los dramas sociales, sino que en las propuestas se debe escuchar a todos los actores que quieran aportar con sus ideas, y se debe contar con la participación de todos, más desde la aportación que desde la queja; más desde el esfuerzo y sacrificio que desde la imposición de ideas. Tener en perspectiva ambas cosas nos permite mirar al cambio y no tropezar o atropellar a los demás.

Hasta que no lo comprendamos, América Latina seguirá siendo el péndulo más grande del mundo, en un continuo salto político de izquierda a derecha en medio de la oscilante violencia, sin soluciones que impliquen la cooperación real, una cultura del encuentro, que se necesita para generar un cambio en beneficio de todos.