Frente a los últimos acontecimientos respecto de los avances en el desarrollo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, expresamos que:

1. El Informe de Mayoría incurre en inconstitucionalidad y en múltiples deficiencias de técnica jurídica que desprotegen a las víctimas de violación y al personal de salud. 

2. Existe una obligación jurídica impuesta por el Auto Aclaratorio de la Sentencia No. 34-19-IN/21 de aprobar una ley que regule el aborto en casos de violación en el término impuesto por la Corte Constitucional.

 3. El Informe de Minoría es la alternativa viable que contiene un marco regulatorio más adecuado que su contraparte y su aprobación permitiría a la Asamblea Nacional cumplir su obligación conforme a los parámetros de la Sentencia de la Corte Constitucional.

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