En el año 2008 se llevó a cabo el Referéndum Constitucional a fin de aprobar o rechazar el nuevo proyecto constitucional redactado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2007. Participaron en el proceso siete millones y medio de personas y el resultado fue la aprobación de la Constitución con el apoyo de más del 63% de los votantes. Entró en vigor con su publicación, el 20 de octubre.

Nos hicieron creer que la vida social y política del Ecuador iba a estar gobernada con base en los preceptos contenidos en la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. No obstante, las actuaciones de distintas instituciones y sobre todo de la Corte Constitucional, ha revelado que estábamos equivocados. Lo cierto es que, por encima de la voluntad popular expresada en el referéndum constitucional, se configuró un sistema que le dio la facultad privativa a un solo órgano – la Corte Constitucional- para decidir la aplicabilidad y el alcance de los derechos y garantías consagrados en la Carta Fundamental.

Más grave aún, los jueces de la Corte Constitucional son los únicos funcionarios públicos que no están obligados a responder frente al pueblo ecuatoriano ni frente a ninguna otra autoridad de control, por las fallas en el cumplimiento de sus funciones. 

Los mandantes del poder -el pueblo ecuatoriano- han sido silenciados. A diferencia de lo que sucede con autoridades del más alto nivel, como son el Presidente de la República o los ministros de estado, los jueces de la Corte no son sujetos de juicio político; no pueden ser removidos de sus cargos ni se les puede establecer sanciones, sino solamente por resolución de la propia Corte Constitucional. Es decir, ostentan el poder absoluto para decidir el rumbo del sistema constitucional ecuatoriano. Mal utilizado puede llevar a una verdadera anarquía en materia de derechos y garantías constitucionales.

En las últimas semanas, ciertos jueces de la Corte Constitucional han emitido resoluciones desconociendo gravemente varios derechos y garantías consagrados en la Constitución. No se trata de puntos de vista, se han vulnerado los derechos a la vida, a la tutela judicial efectiva, a la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, entre otros, se han convertido en letra muerta.

Hoy por hoy, el pensamiento de estos jueces se ha impuesto sobre el mandato popular, reflejado en el referéndum del año 2008 que reconoce y garantiza expresamente estos derechos. Se han convertido en verdaderos detentores del poder, por encima incluso de los representantes del pueblo elegidos democráticamente, como son los legisladores y el Presidente de la República.

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario, carecerán de eficacia jurídica”. Es momento de recordarles, por lo menos a 3 o 4 de los jueces de la Corte Constitucional, que están llamados a proteger este principio fundamental de la Constitución del Ecuador.

Publicado originalmente en Diario La República: 

https://www.larepublica.ec/blog/2022/12/29/por-el-respeto-de-la-constitucion/