La organización Dignidad y derecho, en conjunto con la madre de la menor presuntamente abusada sexualmente por su padre, espera que la justicia ponga en reserva el expediente y sancione a las autoridades responsables de divulgar la identidad e información íntima de la niña, la misma que junto con su historia clínica estaban expuestas, como parte del expediente del proceso contra la madre y la psicóloga Betty Soria.
Esto una vez que han sido concedidas las medidas cautelares solicitadas por la organización que buscan proteger de forma inmediata toda información relacionada con la menor, la misma que debió de tener el carácter de reservada desde un inicio, por mandato constitucional. No obstante, ni el padre, presunto abusador de la niña, ni los jueces y fiscales tuvieron en consideración este mandato, y han causado graves afectaciones a los derechos constitucionales de la menor. En el Hábeas Data presentado por Dignidad y derecho también se solicita sanciones al Hospital General Monte Sinaí y demás actores que difundieron y continúan difundiendo información personal, íntima, confidencial y revictimizante de la menor.
Estas acciones son importantes ya que se debe sentar un precedente jurídico de no revictimizar a las víctimas de abuso sexual ni violentar sus derechos constitucionales, empezando por las mismas autoridades encargadas de hacer justicia. La Abg. María de Lourdes Maldonado, directora de Dignidad y derecho advierte: «No vamos a permitir que la información de una menor víctima de abuso sexual sea difundida indiscriminadamente por ningún actor social o ciudadano. Todo dato que permita identificarla así como lo relativo a su sintomatología y diagnóstico goza de protección constitucional y su difusión acarreará sanciones administrativas, civiles y penales». Las acciones se tomarán contra toda persona o institución que irrespete los derechos de la menor.
En el caso Betty Soria, el padre de la menor, víctima de abuso sexual presentó una denuncia contra la psicóloga Soria y la madre de la niña por «falsificación y uso de documento público», refiriéndose a la historia clínica de la niña hecha por Soria, luego de atender a la menor y que recoge los indicios de abuso sexual de la niña por parte de su progenitor. Ambas enfrentarían hasta 7 años de prisión.