La acción constitucional lleva ya 56 días en trámite y no se han cumplido las medidas cautelares para proteger la identidad de la niña víctima de abuso sexual. La Corte Constitucional debe intervenir. 

Por segunda ocasión, fue suspendida la audiencia de la acción de habeas data para proteger la información sensible de la niña víctima de abuso sexual. Debió realizarse el pasado 17 de mayo pero fue suspendida horas antes de su celebración. La misma jueza Kelttya López Burgos que estuvo de vacaciones la convocatoria anterior, el 13 de abril, ahora presentó certificado de permiso médico.

Por otro lado, pese a que la organización Dignidad y derecho, en conjunto con la madre de la menor, obtuvieron medidas cautelares que mandan guardar en reserva la identidad y toda la información vinculada a la menor, el Tribunal Penal que debe cumplir la medida, no la ha acatado.  En consecuencia, la información de la menor continúa siendo pública dentro del proceso penal de falsificación de documento público contra la psicóloga Betty Soria y la madre de la menor.

Para ejecutar la medida, la madre de la menor presentó una Acción de Incumplimiento ante la Corte Constitucional, asignada por sorteo a la jueza Karla Andrade.  El manejo y exposición pública de la historia clínica de la niña atenta a los derechos a la intimidad, a la protección de los datos de carácter personal, al secreto profesional, a la no revictimización y sobre todo al derecho a la integridad personal de la niña. Dependerá de la Corte Constitucional que no se sigan violentando los derechos constitucionales de la niña víctima de abuso sexual quien se encuentra en condición de doble vulnerabilidad.

El tiempo pasa sin que se ejecuten sanciones al Hospital Monte Sinaí por dar acceso no autorizado a la historia clínica de la menor y a todas las personas que han utilizado indebidamente, difundido y difunden su información, mientras se espera nueva fecha para la audiencia de juicio de la psicóloga Betty Soria y la madre de la menor. 

Las acciones de la organización Dignidad y derecho están orientadas a sentar un precedente jurídico respecto a no revictimizar a las víctimas de abuso sexual, ni violentar sus derechos constitucionales, empezando por las mismas autoridades encargadas de hacer justicia.