Desde que se decretó la muerte cruzada, tanto desde el sector privado como del
público, se mantienen a la espera una serie de decisiones, la gran mayoría de ellas
urgentes. Evidentemente, la falta de seguridad y la difícil situación económica del
país representan hoy el centro de atención de las principales propuestas electorales,
pero se está dejando fuera de perspectiva graves problemas sociales que requieren
atención inmediata.

Así, en pocos días, cientos de niños y jóvenes de la Sierra y la Amazonía
ecuatoriana inician el año escolar y ninguno de los actores políticos está
preocupado en este momento por aquellos que, por distintas razones de orden
económico, social o cultural, no podrán acceder a la educación. En el régimen
Costa, en el período 2022-23, más de 53.000 niños dejaron las aulas, según el
Ministerio de Educación. De esta manera, aunque el derecho humano a la
Educación está garantizado en la Constitución y en los más importantes tratados
internacionales de derechos humanos, se quedará como letra muerta si no existen
verdaderas acciones de cambio.

Caso similar es la protección de los derechos de la mujer. Antes del cierre de la
Asamblea, se estaba promoviendo un proyecto de ley que tenía por objeto proteger
a las madres y familias que atraviesan la situación de pérdida de un hijo por muerte
gestacional, perinatal o neonatal. Se trataba de conseguir una protección para las
mujeres víctimas de tratos injustos por el simple hecho de que sus hijos nacieron sin
vida, con implicaciones no solo en el ámbito de la salud -mental y física- de la mujer,
sino también con afectación de sus derechos laborales o el reconocimiento de
ciertos beneficios sociales para las familias que se ven forzadas a afrontar esta
situación.

No obstante, este proyecto, junto a otros que requieren una atención prioritaria por
estar destinados a atender las necesidades de los grupos más vulnerables,
simplemente se quedaron en el limbo a la espera de que termine el juego político
forzado por los grupos de poder del país.

Lo más grave de todo es que los actores políticos probablemente ni siquiera son
conscientes de toda esta problemática. Casi con seguridad, estos temas tampoco se
encuentran en la agenda de la mayoría de las agrupaciones. Tomará bastante
tiempo trabajar en el diseño de verdaderas políticas públicas para atender estas
necesidades, cuando el gobierno entrante solo estará un año y medio en funciones.
Mientras tanto, cientos de niños, mujeres, ancianos, discapacitados continuarán
siendo víctimas de tratos injustos e inhumanos. Me pregunto entonces ¿De qué
sirve que exista una norma específica en la Constitución que mande al Estado atender a estos grupos de manera prioritaria, cuando lo que prevalece es el interés
político de unos pocos?

Lo cierto es que mientras primen los intereses particulares de cada grupo político, podrán designarse nuevas autoridades, llamarse a consulta popular o asamblea
constituyente, pero seguirán sumándose incontables y desgarradoras historias de
cientos de personas en especiales condiciones de vulnerabilidad, expuestos a tratos injustos a diario, que más allá de formar parte de los eslóganes políticos, siguen
siendo desatendidos porque no existe un verdadero compromiso social para
solucionar esta problemática.