Duros momentos atraviesa el Ecuador frente a la ola de violencia narco delictiva. Antes de llegar a los 50 días de gobierno, el Presidente Daniel Noboa se ha visto en la obligación de establecer estados de excepción y desplegar a toda la fuerza pública para mantener el orden, especialmente en la zona costera del país.

Tres ideas se me atraviesan en estos momentos críticos. La primera, respecto del estado de excepción por conflicto armado interno y sus posibles consecuencias. Los estados de excepción son instituciones jurídicas temporales que le otorgan al Presidente facultades extraordinarias para proteger el funcionamiento del Estado y los derechos de los ciudadanos. El estado de excepción de conflicto armado interno nunca antes ha sido declarado en el Ecuador desde la Constitución del 2008.

Dado que no hay especificidad en el texto constitucional, la ley o jurisprudencia vinculante, todo lo relacionado a las causales de este estado de excepción, la definición de grupos beligerantes y conflicto armado interno queda, hasta el pronunciamiento de la Corte, a discusión de los juristas. Será la Corte la que dictamine la constitucionalidad del decreto y las medidas tomadas.

En segundo lugar, vale la pena traducir el término “conflicto armado interno” en relación a las medidas que puede y ya está adoptando el Gobierno. Según el decreto, el Presidente busca reconocer a las bandas dedicadas al narcotráfico como grupos beligerantes, es decir, grupos fuertemente armados con entrenamiento y jerarquía de rango cuasi militar. De este modo, se otorga a las fuerzas armadas la facultad de repelerlos o neutralizarlos como objetivos de guerra, usando todos los medios que tengan disponibles.

Esto significa que las bandas delictivas ya no son identificadas como grupos criminales callejeros, sino como grupos armados organizados y jerarquizados, frente a los cuales las fuerzas militares pueden y deben repeler con todos los medios disponibles.

Finalmente, en cuanto al futuro próximo del Ecuador, confiamos en que los gobernantes e instituciones democráticas actúen, dentro del marco constitucional y legal, con todos los medios que dispongan en favor de devolver la paz a los ciudadanos.

Se ha criticado, y con razón, el hecho de que en los casi 16 años que tiene la Constitución de Montecristi, hayan habido más de 140 estados de excepción. Esto nos da una razón de casi 9 estados de excepción por año. Entonces, nueve veces por año, los ciudadanos debemos sufrir las consecuencias de problemas sociales estructurales, la corrupción e ineficiencia de las instituciones.

En estas horas complejas, lo que requiere el gobierno es respaldo y unidad. Que existan adecuados controles al accionar de la fuerza pública, pero también la oportunidad de que podamos, como nación, defendernos de aquellos que buscan implantar el miedo. El narcotráfico, como un cáncer, seguirá extendiéndose en la sociedad a menos que exista esta unidad.

Unos amigos mexicanos me decían que les recuerda las noticias de su país allá hace 10 o 12 años. Es hora de decidir el país en el que queremos vivir y que queremos dejar a las nuevas generaciones. Si queremos un país de paz, es ahora cuando tenemos que ofrecer el respaldo necesario, pero también fortalecer nuestras convicciones para que mañana cuando las ofertas de corrupción o simplemente de ‘mirar a otro lado’ lleguen a la puerta, podamos actuar en favor del bien común y no sólo de una conveniencia pasajera.

Por ahora, la situación emergente demanda también seriedad y realismo por parte de los gobernantes, especialmente de la Corte Constitucional, de modo que se encamine hacia la cooperación institucional por la seguridad del país y no se limite injustificadamente el actuar del ejecutivo, sacrificando la paz de los ciudadanos, por meras formalidades legales.