Mientras en los países en los que se ha abierto completamente el aborto se denuncian las graves consecuencias que ha representado en sus respectivas sociedades, en el Ecuador se han presentado dos nuevas demandas exigiendo la despenalización total de este delito. En España, por ejemplo, ha habido casi tres millones de niños y niñas españoles muertos por aborto quirúrgico desde su despenalización en 1985 (esta cifra no incluye los abortos por medicamentos). En Argentina más de 150.000 niños y niñas por nacer asesinados en el sistema público de salud en los dos primeros años de vigencia de la ley de aborto.

En tanto, en el Ecuador siguen reivindicando al aborto como una de las luchas en favor de la mujer, cuando en el mundo entero se reclama por las millones de vidas de niñas abortadas. En 1994, más de 180 estados firmaron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo aceptando eliminar toda forma de discriminación contra las niñas. En el año 2011, el Comité Consultivo para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó la práctica de la selección prenatal de sexo, por cuanto se había demostrado que la gran mayoría de estos abortos apuntan a la eliminación de embriones o fetos femeninos. De igual forma, en otros países como EEUU, aprobaron leyes contra el aborto selectivo por sexo en varios estados, por la misma razón.

En primer lugar, la tesis en la que se basan las demandas propone que el ser humano en gestación no es persona. Para estos movimientos feministas radicales (hay quienes nos consideramos feministas y defendemos la vida del ser humano en gestación), el feto es una “expectativa de vida”. Un objeto tan desechable como una prenda de vestir de una mujer. Desconocen incluso elementos aceptados por la ciencia que podrían definir al nasciturus como “ser sintiente”, con el alcance que le ha dado la Corte Constitucional en el caso de la defensa de los animales, situación que generó la sentencia del caso Mona Estrellita y la ley de defensa de los animales no humanos, tan discutida estas semanas.

Olvidan que la ciencia ha demostrado que el nasciturus -expresión utilizada jurídicamente para definir al niño o niña por nacer-, siente dolor desde etapas tempranas de gestación. Que, incluso antes de que la mujer detecte su primer retraso menstrual, el sistema nervioso del niño empieza a desarrollarse. Que, desde la séptima semana, las estructuras nerviosas captan y llevan el estímulo doloroso desde la piel hasta médula espinal.

Nada dicen de las instrucciones de los libros de medicina y la práctica común que recomiendan anestesia fetal al intervenir quirúrgicamente sea a la madre o al feto directamente. Tampoco mencionan que la medicina, por el reconocimiento científico de la realidad del nasciturus, ha desarrollado toda una rama médica dedicada al feto: la Perinatología o medicina prenatal. Que, uno los objetivos de esta rama de la medicina es justamente la “terapia fetal que beneficie al feto y evite complicaciones en su etapa posnatal”. Es decir, que reconoce al feto como un paciente. Incluso se ha desarrollado también la cirugía fetal, que se emplea en el tratamiento de anomalías congénitas.

Pero más allá de semejante aberración científica que desconoce la calidad de individuo del niño o niña por nacer, las demandas ocultan toda la evidencia del daño que el aborto representa para la propia mujer. Según estudios, más del 55% de mujeres que se practican abortos tienen tendencias suicidas u otros problemas de salud mental, comparadas con aquellas que continúan con embarazos incluso en casos de violación.

Pretenden también dar a entender, que la situación del embarazo supone una carga para toda mujer; que le revictimiza y constituye incluso un patrón más de discriminación en contra de la mujer. Es decir, le están diciendo a las mujeres ecuatorianas que para alcanzar una verdadera igualdad respecto del hombre deben asesinar a sus hijos.

Lo más grave es que más allá de que este asunto es de competencia exclusiva de la Asamblea Nacional ya que le corresponde al pueblo ecuatoriano de manera democrática el tomar una decisión sobre este tema -como lo denuncia la propia jueza Teresa Nuques en su voto salvado dentro de la causa 22-24-IN- sus promotores ya han encontrado en la Corte Constitucional un aliado para hacer viable su propuesta. Una vez más, mediante un evidente abuso de derecho (vale señalar que son las mismas actoras de la despenalización del aborto por violación y otras causas similares) presentan demandas de las cuales no se desprende una sola causal por la que se pueda concluir que la penalización del aborto es incompatible con las normas constitucionales.

Lo cierto es que una vez más, pretenden atentar contra la soberanía expresada por el pueblo ecuatoriano en el referendum que aprobó la Constitución del 2008 y requerir de la Corte el reconocimiento del aborto como parte de los derechos reproductivos (como un método de anticoncepción más) o como una medida necesaria para luchar en contra de la discriminación y el rompimiento de las brechas estructurales en contra de la mujer.

La Corte tiene el deber de velar por el fortalecimiento del sistema democrático y la división de poderes en el país. Basta de atacar tan fuertemente a la institucionalidad del país, peor aún por quienes deberían ser sus principales garantes. Confiemos en que esta vez sea diferente a los cientos de veces que la Corte Constitucional se ha constituido como una especie de colegislador, o peor aún, ha sustituido la misma voluntad del pueblo y le ha dicho a la Asamblea sobre qué debe legislar, marcando a su vez -la gran mayoría de veces ilegítimamente- la cancha de la discusión.