Pablo A. Proaño
Las nevadas de enero y los escándalos del ICE en Estados Unidos captaron la atención de los medios alrededor del mundo. Eso hizo que un evento, de aun mayor impacto, pase intencionalmente desapercibido. El 23 de enero, más de 100.000 personas marcharon en Washington DC. en uno de los despliegues más grandes del país, del que tuve la gran oportunidad de ser parte: la 53 edición de la ‘Marcha por la Vida’.
No solo fue un festejo respecto del fin de la postura del aborto como un derecho en Estados Unidos por medio del caso Dobbs, sino que desmotró cómo la vida y la familia están ahora en medio de la política pública del país por medio del mensaje de video del presidente Trump y el discurso presencial de JD Vance, vicepresidente.
“Una de las cosas que más quiero para Estados Unidos son más familias y más bebés”, fue una de las frases más impactantes de Vance, pero no la más controvertida. También anunció el bloqueo de financiamiento federal a ONGs que promuevan el aborto fuera del país; la protección a objetores de conciencia y la libertad religiosa; y un alto a la promoción de políticas “radicales de ideología de género”. Además, expresó que cada país tiene la obligación de proteger la vida, pero que es una tarea de Estados Unidos promover la familia natural y el florecimiento humano.
Se trata del claro punto de inflexión: el paso de una política colectivista a una verdaderamente comunitaria; de la supremacía de la autonomía individual a su necesaria compatibilidad con la responsabilidad; y, del ataque sistemático a la familia y a los hijos a una actitud de apertura apertura, respeto y promoción del matrimonio.
Para los escépticos que ven sus intereses e ideas amenazadas por este discurso, hay que responder: en este momento, la política pro familia no es sólo coherente con la realidad trascendente del ser humano y con el Derecho Internacional, sino que es, cada día más, la única y mejor opción para el desarrollo de la sociedad.
Durante 75 años, en Estados Unidos se han promovido ideologías y políticas que han reducido la tasa de natalidad de 3.15 en 1950 a 1.6 en 2024. Se trata de una sociedad en crisis, sin relevo generacional, sin un futuro claro para el sistema de recaudación y frente al abismo de su inminente colapso económico, militar y social. En Ecuador, vamos por el mismo camino. La tasa de natalidad fue de 1.79 en 2024. Por tanto, una postura en favor de la familia y los hijos, como la de la administración de Trump, responde también a la necesidad de enfrentar este grave problema.
Mientras en Ecuador resolvemos los problemas de seguridad más inmediatos, no podemos dejar de preguntarnos cuál será la respuesta de nuestros gobernantes sobre temas más complejas para nuestra sociedad: ¿invertiremos miles de millones en campañas de promoción e imposición de ideologías extremistas de género, como el Protocolo de Niñez Trans del Ministerio de Educación? ¿Seguirá nuestra sociedad indiferente ante los 12 casos que pretenden a ampliar el aborto en la Corte Constitucional? ¿Dejaremos que se persiga a médicos objetores y vulnerando su derecho constitucional a ejercer su profesión conforme a sus creencias y principios? ¿Permitiremos que se amenace y desvalorice a la maternidad, el matrimonio y los hijos?
La situación es
clara: las ideologías contra la vida son también contrarias a la persona humana
y al desarrollo de las sociedades.







