Dentro del debate legislativo sobre el proyecto de ley que regula la eutanasia en Ecuador, diversos sectores insisten en incluir una disposición que permita a los menores de edad acceder a esta práctica, otorgándoles la facultad de disponer de su propia vida. Esta postura no resulta sorprendente; de hecho, ya la anticipamos en las intervenciones de Dignidad y Derecho ante la Corte Constitucional al oponernos a la despenalización de la eutanasia. ¡Era evidente que el siguiente paso sería ir tras los niños!
Lograr influir en las mentes de los niños es parte de una agenda global. Evidentemente, si comenzamos a atacar a la sociedad desde sus raíces, logramos torcer todo el árbol. Como nos diría El Principito: “Eres responsable para siempre de lo que has domesticado”.
Se reclama cada vez más autonomía para los niños. Que puedan tomar sus propias decisiones, y privarlos de su derecho fundamental a ser cuidados y protegidos por sus padres.
En un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que se intentó aprobar esta semana en la Asamblea Nacional, ya se evidencia con claridad esta amenaza: una norma que originalmente reconoce que los niños son sujetos de derechos ahora -casi imperceptiblemente- pretende introducir la palabra “ejercen”, con lo cual, de una manera disimulada y francamente preocupante, se pretende reconocer la posibilidad de los niños de ejercer por sí mismos sus derechos. Y, luego, más adelante en el mismo proyecto, respecto al derecho de los padres para decidir sobre el cuidado y educación de los hijos, se agrega: “…siempre y cuando la decisión no vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
De esta manera, si reformas como estas logran pasar en la Asamblea, el escenario al cual nos enfrentamos es que si un niño afirma que tiene derecho a algo que a criterio de los padres es inadecuado para su edad -por ejemplo, con los asuntos que favorece la ideología woke- prevalecerá la voluntad del niño por sobre el deber y derecho de protección del padre.
Lo cierto es que los niños se encuentran en una etapa de desarrollo de sus capacidades, y su sistema cerebral no está listo para comprender las consecuencias de sus propias decisiones. Tal es así, que históricamente, los sistemas jurídicos -y en especial el ecuatoriano- no les han reconocido la capacidad legal suficiente para actuar por sí mismos, y han reconocido a la familia, el Estado y la sociedad como los protectores de sus derechos.
Esto no es una idea aislada ni una ocurrencia conservadora: responde a un principio recogido en el propio derecho internacional de los derechos humanos, ese mismo al que tanto apelan quienes hoy quieren desplazar a los padres. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26.3, reconoce que son los padres quienes tienen el derecho preferente a elegir el tipo de educación que ha de darse a sus hijos.
También la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 5, obliga a los Estados a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres de impartir dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza sus derechos, en consonancia con la evolución de sus facultades. Es decir: incluso el instrumento internacional que más se invoca para hablar de «autonomía progresiva» jamás sustituye a los padres; los pone, precisamente, como guías necesarios de esa evolución. Nadie -ni la Asamblea Nacional ni la Corte Constitucional- tiene autoridad para inventarse una lectura que borre esa función.
No obstante, como siempre sucede en el Ecuador, la ley se convierte en letra muerta. La Corte Constitucional ha emitido sentencias alarmantes en este tema y ha desconocido cada vez más este sistema de protección de los niños, permitiendo que decidan por sí mismos sobre asuntos muy importantes, principalmente que tienen que ver con su sexualidad: dejando de considerar como delito de violación a las relaciones sexuales consentidas con adolescentes, el cambio legal de sexo, el acceso al aborto; entre otros.
Se vocifera en favor de la “autonomía progresiva”. Sin embargo, pregunto a los que son padres: ¿les ha sido fácil lograr que sus hijos se alejen del alcohol o el cigarrillo en una sociedad en la cual el consumo del alcohol es alarmante? ¿Si les dieran la opción a sus hijos de ir a la escuela o quedarse en la casa jugando PlayStation, qué harían sus hijos? ¿No han tenido alguna vez que forzar a sus hijos a tomar alguna medicación porque somos los padres lo que es bueno y necesario para su salud? ¿No nos insisten que coloquemos controles parentales en sus dispositivos, porque las redes contienen información que les puede causar mucho daño, o, lo que es mejor, que no les demos teléfonos celulares?
Cuántos de nosotros hemos perdido a alguien cercano a corta edad por conducir bajo los efectos del alcohol. Cuántos ejemplos de niños que crecieron sin el cuidado y atención de sus padres y hoy están en la cárcel.
Lo cierto es que si dejamos que la calle los proteja o los eduque, los dejamos solos, y eso es justamente lo que quieren los que están al acecho para ponerlos en sus filas delincuenciales, para explotarlos sexualmente, y para tantas otras amenazas que cada vez son más reales. No es casualidad que la literatura misma haya advertido sobre esto hace más de un siglo: en Peter Pan, de J. M. Barrie, la búsqueda incesante de una «madre» por parte de los Niños Perdidos no es un detalle tierno, es una advertencia. Todo niño abandonado a su suerte -aunque tenga un País de Nunca Jamás entero para jugar- termina buscando desesperadamente el afecto, el refugio y el cuidado que solo una familia puede darle. Quitarles a los padres su rol no libera a los niños: los deja perdidos.
Cabe preguntarse: si se despoja a los padres de esa facultad, ¿en manos de quién queda realmente? Los niños aún no poseen la madurez para ejercerla por sí solos, y como bien sentenció Nelson Mandela, no hay revelación más profunda del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. La nuestra, si permite este avance, estará condenada a mostrar su rostro más sombrío.
