Desde el trabajo de asesoría legislativa que realizamos en Dignidad y derecho hemos identificado algo que merece ser destacado: incluso en una Asamblea políticamente fragmentada existen asuntos en los que es posible construir acuerdos alrededor de la protección de la dignidad humana y, especialmente, de los derechos de los niños.

Un ejemplo reciente es la reforma para agilizar los procesos de adopción, aprobada por la Asamblea con 118 votos. La iniciativa busca reducir los tiempos del procedimiento, eliminar barreras administrativas y garantizar que niños y adolescentes en situación de abandono puedan tener una familia.

Otro asunto relevante es el de la reproducción humana asistida. La Asamblea tramita actualmente una ley sobre la materia que responde a un mandato de la Corte Constitucional de regular la reproducción asistida.  El Proyecto de segundo debate discutido en el Pleno prohíbe -con un gran consenso en la Asamblea- la gestación subrogada. Esto es así porque la práctica contraría varias facetas jurídicas, médicas y conlleva vulneraciones a derechos humanos.

La Asamblea ha acogido los aportes de la Relatora de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Reem Alsalem, y coincide, junto con el modelo italiano, en declarar nulo todo contrato de subrogación de vientre, el cual vulnera la dignidad de la mujer y el derecho del niño a su apego materno. Existe, entonces, un punto de coincidencia suficientemente amplio en que la práctica es ilegal y violenta. Por ello, sin perjuicio de los temas que todavía se discuten, como la fecundación in vitro, la Asamblea se ha manifestado entonces y debería aprobar por consenso la nulidad de la subrogación (vientre de alquiler) en el Ecuador, evitando la explotación de las mujeres y garantizar, al mismo tiempo, la protección integral de los niños. Chile, Eslovaquia y otros van por el mismo camino.

A ello sumo el debate sobre las reformas al Código de la Niñez.  El proyecto que actualmente está en discusión incorpora disposiciones para priorizar el interés superior del niño: su derecho a una familia, a su integridad psicológica y física -sancionando de plano el experimento de los “cambios de sexo”-, y  la protección que merecen en entornos digitales.

Precisamente porque estos asuntos son sensibles, el tratamiento de estas leyes debe responder únicamente a la siguiente pregunta: ¿qué regulación protege de mejor manera el interés superior del niño y su integridad? Y dicha respuesta debe apoyarse únicamente en evidencia médica y jurídica.

La agenda legislativa también incluye asuntos particularmente sensibles, como el proyecto sobre la eutanasia, el de reclutamiento de menores o la lucha contra la explotación y la pornografía infantil.  Son asuntos que requieren amplio debate e información técnica.

En el caso de la eutanasia -al igual que en la reproducción asistida- existe un antecedente constitucional concreto. La sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional estableció las condiciones bajo las cuales no resulta aplicable el delito de homicidio en determinados procedimientos de eutanasia y ordenó avanzar hacia una regulación legislativa.

Ahora bien, ¿es legítimo que la Corte Constitucional pueda ordenar al legislativo la emisión de leyes? Si bien la Corte cumple una función esencial dentro del Estado constitucional, corresponde a la Asamblea ejercer adecuadamente su potestad legislativa.  Cuando una sentencia constitucional exige una regulación, el Legislativo debe cumplirla dentro del marco constitucional, pero también preservar su responsabilidad democrática para discutir, deliberar y definir el contenido de la ley.

Por esta razón, la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional también merece atención.  Se debe defender, sobre todo, la institucionalidad del país. El cumplimiento de las decisiones constitucionales no debe desdibujar el principio republicano de separación de poderes ni sustituir el debate legislativo por decisiones que corresponden al Legislativo.

Quizá uno de los mayores desafíos de la Asamblea sea demostrar que el consenso todavía es posible.