A diferencia de las personas, la corrupción no discrimina. Está presente en todas partes. Ecuador no es la excepción, al contrario, parece que es la regla. No solo la vemos en los niveles altos de la sociedad, también la vivimos en las situaciones más cotidianas. 

¿No me creen? Lean por ustedes mismos eso que dijo aquella vez una legisladora del Ecuador, eso que ya quedó en el olvido: “si van a robar, roben bien”. Palabras más, palabras menos. Ese es el lema de muchos ecuatorianos que actúan sin temor alguno a sufrir represalias por sus actos de corrupción.

En el marco de esa realidad es que ciertamente ha de celebrarse la Sentencia No. 2231-22-JP/23 de la Corte Constitucional. Pues supone un primer paso para frenar el abuso de la presentación de acciones constitucionales para obtener una justicia expedita, informal y flexible. Tan flexible e informal que resulte en una decisión que es incompatible con la propia figura legal invocada y que, en consecuencia, termine por dar paso a demandas sin fundamento.

La cuestión es que, hasta antes de la emisión de la referida Sentencia, los jueces constitucionales tenían carta blanca para fallar en contra de norma expresa, desnaturalizando así la justicia constitucional. Esto ya que la anterior conformación de la Corte Constitucional dispuso en su jurisprudencia vinculante que los jueces constitucionales no podían ser condenados por el delito de prevaricato. 

Como podía esperarse, ello trajo consigo una ola de corrupción incontrolable: se habilitó el imperio de la arbitrariedad. Permitiendo así que se deje en libertad a convictos, que se actúe en perjuicio del Estado y que se maneje la justicia constitucional a conveniencia. Es precisamente en este marco que se hizo viable presentar acciones constitucionales a la carta, escogiendo insidiosamente dónde presentarlas y por qué. Acciones como las del juez de Manglaralto y Jorge Glass. 

Claro está, la ausencia de miedo ante la imposibilidad de terminar en la cárcel, hacía que la justicia constitucional se torne en un negocio atractivo para quienes le ponen precio a la justicia. Esos días se acabaron. La viveza criolla de quienes alimentan el ciclo de corruptela judicial va a tener que ponerse más creativa o desaparecer.

Esperemos que ocurra lo segundo. Esperemos que la deshonestidad en el Ecuador deje de ser atractiva de una buena vez. Esperemos que nos duela la injusticia, aun si no nos afecta directamente. Esperemos que nadie esté por encima de la ley. Esperemos que no solo existan leyes que sancionen este mal y disuadan a las personas a incurrir en estas prácticas, sino que estas se cumplan en la práctica.

Al menos por ahora, la Corte Constitucional nos ha devuelto la esperanza en el sistema judicial. Se ha tomado un paso importante frente a la lucha contra la corrupción, imponiendo una barrera necesaria para que las decisiones judiciales no dependan de ningún factor ajeno al fuero interno del juez. 

Adiós al imperio de la arbitrariedad en la justicia constitucional, al menos por ahora.