El tribunal suspendió la audiencia de juicio contra la psicóloga Betty Soria y la madre de la menor, que habría sido abusada sexualmente por su progenitor, quien las denunció por supuesta falsificación de documento público. Dignidad y derecho presentó medidas cautelares y acciones constitucionales a favor de la menor.

Betty Soria y la madre de la menor, presunta víctima de abuso sexual, se presentaron hoy viernes 24 de marzo a la audiencia de juicio en contra de ambas, la misma que fue suspendida hasta abril por motivo de ausencia de la fiscal a cargo del caso por enfermedad.

El padre de la menor presentó una denuncia contra la psicóloga y la madre de la niña por falsificación y uso de documento público, refiriéndose a la historia clínica hecha por Soria, luego de atender a la menor, y que recoge los indicios de abuso sexual de la niña por parte de su progenitor. La intención de la denuncia es desestimar las pruebas que están en contra del padre y presunto abusador.

Medidas cautelares y acciones constitucionales en favor de la menor

La historia clínica impugnada contiene información sensible, personal y revictimizante de la menor, la misma que por mandato constitucional, debió tener el carácter de reservada desde un inicio. No obstante ni el padre, presunto abusador de la menor, ni los jueces y fiscales tuvieron en consideración este mandato, causando graves afectaciones a los derechos constitucionales de la niña.

La organización Dignidad y derecho presentó acciones constitucionales en conjunto con la madre de la menor para proteger los derechos a la intimidad y a la no revictimización de la niña, tal y como lo indicó la Abg. María de Lourdes Maldonado, directora de la organización: “Rechazamos toda acción de jueces, abogados, fiscales y organizaciones sociales que han expuesto datos del proceso e información sensible de la niña, sometiéndola a revictimización.”

Dignidad y derecho ha presentado medidas cautelares para proteger de forma inmediata a la menor, poniendo en reserva su información personal, junto con otras acciones para que se sancione al Hospital y los intervinientes en el proceso de Betty Soria que han vulnerado sus derechos.

La Corte Constitucional en su sentencia 29-21-JI/21 y acumulados, determinó que la información contenida en historias clínicas, diagnósticos sobre la salud o tratamiento de un paciente, sólo atañe a la persona titular de la información y no puede ser considerada pública. Además, está revestido del principio de confidencialidad y no puede ser entregado, salvo en los casos previstos en la ley.

“Toda información que permita conocer la identidad de la menor es personal, y toda información contenida en su historia clínica es íntima y está protegida por el secreto profesional. Cualquier persona que haya difundido o que difunda esta información puede estar sujeta a sanciones penales”, indica la abogada Maldonado.

La psicóloga y la madre de la menor aún enfrentan la posibilidad de hasta 7 años de cárcel, mientras que la menor sigue en una situación de revictimización. Se espera que en los próximos días la justicia de cuenta de las medidas cautelares necesarias, se reserve el expediente y se sancione a las autoridades responsables de esta vulneración de derecho, mientras el juicio de Betty y la madre de la menor reinstala audiencia.