BOLETÍN I Victoria legal en el caso de Betty Soria

El 30 de mayo de 2023 se notificó a la organización Dignidad y derecho la resolución favorable de la acción constitucional que protege la identidad de la niña víctima de abuso sexual del caso de la Psicóloga Betty Soria. Consecuentemente la información personal de la niña será resguardada. La resolución se dictó a los 69 días de presentada dicha acción.



Un Tribunal Penal de Guayaquil dictó sentencia favorable para la niña del caso Betty Soria. La acción de hábeas data planteada por la organización Dignidad y derecho en patrocinio de la madre de la menor, busca garantizar la protección a la historia clínica de la niña que contiene su información personal y revictimizante.

 

El Tribunal reconoció que la historia clínica no es un documento público, que contiene información sensible y no se puede acceder a ella sin autorización del titular u orden judicial. Además, sentenció que la historia clínica fue entregada al abogado del padre de la niña de forma ilegal, violando los derechos constitucionales a la protección de datos personales y a la no revictimización, entre otros. El Tribunal condenó al Hospital General Monte Sinaí a una reparación económica y a pedir disculpas por lo acontecido.

 

Dignidad y derecho declara que no descansará hasta que la información de la niña esté totalmente resguardada: “Se presentó una denuncia en contra de la madre y la psc. Betty Soria por falsificación de documento, amparada en una prueba obtenida en violación a la Constitución y la ley. Dado que el proceso penal que tiene por objeto la historia clínica de la niña, no se ha declarado reservado, buscaremos la ejecución integral de la sentencia y un pronunciamiento de la Corte Constitucional para generar un precedente vinculante sobre el manejo de datos personales a manos de las entidades estatales”, indica la abogada Nicole Espinosa, miembro de la organización.

 

Esta resolución dará un importante giro en la persecución a la psicóloga Betty Soria y la madre de la menor, por la ilegalidad de la prueba obtenida por el acusador particular. Ambas fueron convocadas a audiencia de juicio el 06 de julio de 2023, donde podrían enfrentar hasta 7 años de prisión.