Dignidad y derecho
En medio de una creciente ola de normalización de prácticas reproductivas altamente controversiales, la maternidad subrogada se presenta como una de las más urgentes y peligrosamente invisibilizadas en el debate jurídico y ético ecuatoriano. Bajo la apariencia de altruismo o avance médico, esta práctica encubre una realidad alarmante: la cosificación de la maternidad, la instrumentalización del cuerpo femenino y la mercantilización de la vida humana.
En Ecuador, el Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Derecho a la Reproducción Humana Asistida propone la legalización de la gestación subrogada en casos «altruistas» y bajo indicaciones médicas. Sin embargo, lejos de ser un avance, esta iniciativa pone en riesgo pilares fundamentales de nuestra Constitución, los derechos de las mujeres, y la protección de los niños y niñas.
¿Qué está en juego?
La subrogación uterina no es una práctica inofensiva. Implica un contrato entre partes donde una mujer gesta un hijo para otras personas, con el compromiso de entregarlo al nacer. En muchos países, esto ha derivado en redes de explotación reproductiva, turismo gestacional y conflictos legales sobre filiación. ¿Queremos importar estos problemas a nuestro país?
Desde Dignidad & derecho afirmamos con claridad: la gestación subrogada representa una forma moderna de violencia estructural y discriminación contra mujeres en situación de vulnerabilidad, al convertir su capacidad reproductiva en un servicio, y a los niños, en objetos de encargo.
¿Por qué decimos no?
Porque el derecho a la vida, desde la concepción (art. 45 de la Constitución), no puede ser subordinado a contratos privados.
Porque la práctica vulnera la dignidad de la mujer al reducirla a un «contenedor biológico».
Porque el principio del interés superior del niño no se garantiza cuando su nacimiento depende de acuerdos contractuales.
Porque esta práctica facilita mercados paralelos y comercialización encubierta, incluso en regímenes que se dicen «altruistas».
Porque diversos países (España, Francia, Colombia) y organismos internacionales como la ONU ya han rechazado esta práctica por considerarla una forma de explotación reproductiva.
Una presión internacional peligrosa
La región latinoamericana está siendo blanco de intereses económicos que ven en nuestras leyes débiles y en las mujeres empobrecidas un campo fértil para expandir el negocio de la subrogación. La Declaración de Casablanca, firmada por juristas y organizaciones de derechos humanos, alerta sobre esta amenaza y busca abolir la práctica en todas sus formas. Ecuador debe ser parte de esta defensa ética.
Nuestra propuesta desde Dignidad & Derecho
Como estudio jurídico comprometido con los principios constitucionales y los derechos humanos, proponemos:
- Prohibir expresamente la maternidad subrogada en todas sus modalidades en la legislación ecuatoriana.
- Suspender el tratamiento legislativo del proyecto de ley actual, dadas sus múltiples implicaciones bioéticas y jurídicas aún no debatidas en profundidad.
- Impulsar la adhesión del Ecuador a la Declaración de Casablanca, alineándose con el estándar internacional de defensa de la dignidad humana.
- Generar espacios de información, diálogo técnico y reflexión pública, con participación de la academia, la sociedad civil, juristas y profesionales de la salud.
Una oportunidad histórica
Como país, estamos a tiempo de elegir una legislación que priorice los derechos humanos por encima de los intereses mercantiles. La maternidad no debe alquilarse, la vida no debe encargarse por catálogo, y los derechos no deben subordinarse a la biotecnología sin una reflexión ética profunda.
Desde Dignidad & derecho seguiremos promoviendo un debate serio, informado y con perspectiva de derechos. No podemos permanecer indiferentes mientras se abren las puertas legales a nuevas formas de explotación humana. La dignidad no se negocia. La defendemos.
