Dos propuestas legislativas han puesto en entredicho la soberanía del Ecuador. Se evidencia que muchos políticos pretenden fomentar leyes a favor de intereses individuales o, incluso, en contra de las propias instituciones jurídicas de nuestro país.

La primera y más polémica propuesta, discutida en la Asamblea Nacional hace poco, fue el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que pretendía aumentar una causal al recurso (extraordinario) de revisión en materia penal. El objetivo era que se revisen sentencias penales ejecutoriadas, en casos en los cuales comités internacionales de derechos humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinasen inconsistencias, errores en el proceso judicial, o violaciones a los derechos humanos. No obstante, esto altera la naturaleza jurídica de este recurso, cuyo fin es resolver errores de hecho, no de derecho.  La forma en que se pretendió implementar esta medida plantea serias interrogantes sobre la estabilidad del sistema judicial ecuatoriano.

Al permitir que decisiones de comités internacionales interfieran en la justicia, se abre la puerta a una injerencia externa que destruye la autonomía del Estado y el reconocimiento de sus instituciones. Esto no solo representa un riesgo para la integridad del sistema judicial, sino que también pone en entredicho la soberanía del Estado y la efectividad de las sentencias judiciales y nuestra legislación; mucho más grave si se lo promueve por intereses políticos o personales.

La segunda propuesta, emanada desde el legislativo –aún en discusión– busca convertir en obligaciones para el Estado ecuatoriano, todas las observaciones y recomendaciones de comités y organismos internacionales.  Nuevamente, generando problemas respecto a la soberanía nacional.

Recordemos, no todos los pronunciamientos de comités internacionales constituyen obligaciones internacionales para los Estados; pues éstas sólo se generan a partir de tratados ratificados por el país y aquellas que la Corte Constitucional o la Constitución reconocen expresamente.

Además, se propone la creación de un sistema de cumplimiento de las “obligaciones” internacionales, lo que implica violar la competencia exclusiva de la Corte Constitucional para interpretar tratados internacionales.  Más aún, se impondría el cumplimiento de informes o recomendaciones internacionales no vinculantes, lo que resultará en una acumulación de deberes incumplidos por el Ecuador, y el crecimiento de su burocracia.

Todo lo anterior, sin mencionar que los organismos internacionales muchas veces emiten pronunciamientos por casos particulares de otros estados, que no se ajustan a la realidad nacional, lo que puede llevar a recomendaciones o críticas mal fundamentadas, descontextualizadas o simplemente inaplicables.

Ambas propuestas, como están planteadas, promueven la inseguridad jurídica y generan una intervención arbitraria en la administración de justicia por parte de organismos internacionales. Esta selectividad socava los fundamentos de nuestra nación y la democracia, al erosionar la autonomía de las instituciones en favor de intereses políticos coyunturales.

Es crucial recordar que la defensa de nuestro país y sus reglas, no debe ser un mero eslogan, sino un compromiso genuino por el respeto de la seguridad jurídica y la estabilidad del país, de sus ciudadanos y sus autoridades.