Pablo A. Proaño
La persecución propiciada en Nicaragua contra la Iglesia Católica vuelve a ser noticia internacional, ahondando una de las grandes crisis de derechos humanos de nuestra región. Durante años, el régimen dictatorial del presidente Daniel Ortega ha sido conocido por la persecución a políticos opositores y grupos sociales contrarios al oficialismo.
Sin embargo, las alarmas sonaron la semana pasada respecto de la violenta y arbitraria irrupción de las fuerzas del orden en la Curia Episcopal de Matagalpa y la detención del obispo Álvarez y sus acompañantes, después de un asedio policial de quince días a la Catedral de Matagalpa. La detención se dio sobre la base de supuestas actitudes “amenazantes” y “contrarias al régimen” por parte del obispo, acusado de participar en la creación de grupos subversivos. Su único “crimen” conocido hasta ahora es el de denunciar los abusos del poder.
Pongámonos en contexto: en los últimos veinte años hay reportes de más de 190 incidentes relacionados con censura, amenazas, persecución y exilio a miembros de la Iglesia Católica por denunciar las constantes violaciones de derechos humanos por parte del gobierno.
Este año, la persecución se realizó más abiertamente que nunca: en lo que va del año hay siete sacerdotes presos, propiedades confiscadas, emisoras radiales y televisivas clausuradas, confiscación de equipos de radio y televisión y la expulsión y exilio de varias comunidades religiosas, sacerdotes y autoridades eclesiásticas. Existen, además, reportes de prohibición de procesiones y acoso a sacerdotes y feligreses durante la celebración de la Misa con fusil en mano por parte de miembros policiales. En general, un clima de persecución abierta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó “la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica” y el “contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado (…) en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua”. De igual forma, el Secretario General de la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos han expresado su preocupación por el hostigamiento a la Iglesia Católica en Nicaragua y destacan su papel crítico como denunciantes de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país. También el Papa Francisco y múltiples Conferencias Episcopales han hecho un llamado al diálogo para disminuir tensiones.
La situación debe causarnos profunda preocupación. Nos debe llevar a la reflexión sobre el rol de la Iglesia Católica como actor de un proceso democrático. En 2018 la Iglesia de Nicaragua formó parte integral del diálogo entre el gobierno y organizaciones sociales, fruto de lo cual ahora se tilda a los obispos de terroristas, de intentar desestabilizar al gobierno de Nicaragua y de atacar a las autoridades constitucionales.
El gobierno de Ecuador, tanto en 2019, como en este año, recurrió a la Iglesia Católica para establecer diálogos entre los actores del paro y el gobierno. ¿Cómo podemos seguir garantizando la seguridad y tranquilidad de la Iglesia como mediadora? ¿Cómo podemos orientar la política pública a establecer diques de contención para que las diferentes organizaciones en favor de los ciudadanos puedan denunciar, sin temor a represalias, atentados contra los derechos humanos?
Ciertamente, la libertad de expresión y la libertad religiosa no deben ser elementos ajenos a las promesas de campaña de las elecciones venideras. En ese sentido, las actuaciones inescrupulosas del régimen de Ortega y el silencio de sus aliados nos orientan a determinar cuáles tintes políticos son más o menos afines a las libertades, tanto individuales como institucionales.
Publicado originalmente en la República:
