La psicóloga clínica Betty Soria, quien labora en una institución pública de salud, atendió a una niña de 10
años con indicios de haber sido abusada sexualmente por su progenitor. Tanto la psicóloga como la madre
de la menor fueron denunciadas por el presunto agresor y enfrentan hasta 7 años de cárcel, mientras que el
padre de la menor sigue libre, y la niña sin medidas de protección.

El padre y presunto perpetrador de abusos sexuales contra una menor de 10 años ha tomado represalias
contra la madre de la niña y la psicóloga. Con la finalidad de invalidar la historia clínica que inculparía al
padre de la niña, este puso la denuncia por falsificación y uso de documentos públicos, apoyándose en
argumentos clasistas y en errores involuntarios de escritura de la historia clínica. Según el COIP, por este
delito la psicóloga y la madre de la menor enfrentarían hasta 7 años de prisión.

Esta represalia se da por la denuncia de abuso sexual contra el padre de la menor, que la madre presentó a
raíz de las sesiones que la niña mantuvo con la psicóloga Betty Soria, especialista en psicooncología y
criminología, en los años 2019 y 2020 en el Hospital General Monte Sinaí. De las sesiones se desprende que
la niña habría sufrido abusos sexuales por su padre al menos desde el año 2017. La niña rompió el silencio
sobre los abusos luego de un enfrentamiento que tuvo con su padre por ser forzada por una jueza a mantener
el régimen de visitas.

La denuncia contra la psicóloga y la madre de la niña avanza a tiempo récord; es así que fue presentada en
diciembre de 2020 y la audiencia de juicio está programada para este 24 de marzo. Mientras tanto, la
denuncia de abuso sexual contra el padre de la menor no pasa de la etapa de investigación.

El abuso de la justicia a modo de escarnio e intimidación

A lo largo del proceso, existen actos y omisiones graves de funcionarios públicos como los cometidos por
autoridades del Hospital Monte Sinaí, Fiscalía y del juez que conoce la denuncia. Por ejemplo, el informe
médico de Betty a partir de las sesiones de terapia, donde constan los indicios de abuso sexual por el padre
de la niña, quien a la fecha tenía 10 años, no fue enviado a fiscalía por negligencia del Hospital. Fue la madre
de la menor la que presentó la denuncia.

Además, existe una flagrante vulneración del derecho a la defensa de la psicóloga y la madre de la menor por
la ruptura de la cadena de custodia del documento impugnado y otras actuaciones de fiscalía, la mayoría de
ellas cometidas mientras Betty llevaba a término su embarazo e iniciaba el periodo de lactancia. Pese a que
la defensa denunció todas estas irregularidades, el juez a cargo ha decidido continuar con la audiencia de
juicio.

La desprotección a las víctimas y denunciantes de abusos sexuales

La historia clínica que contiene información sensible de la menor y que, por mandato constitucional, debería
tener el carácter de reservada, resulta expuesta públicamente constando en el expediente de la denuncia del
progenitor, vulnerando el derecho a la intimidad de la niña.

La Abg. María de Lourdes Maldonado, Directora de la organización Dignidad y derecho, indica que además
de las violaciones al derecho a la defensa de Betty y la madre de la menor, también habría violación a otros
derechos constitucionales como el derecho al trabajo y una vida digna y libre de violencia. “Lo más grave es
que se invisibiliza a la más vulnerable: la niña. Su historia clínica, que debería permanecer en reserva para
precautelar su intimidad y evitar la revictimización, fue hecha pública por su progenitor, el mismo presunto
autor de los abusos.” La abogada indica que la organización presentará acciones para precautelar los
derechos constitucionales de la niña y la psicóloga denunciada.

El abuso y uso de la justicia para intimidar y silenciar la denuncia de la psicóloga Soria, se enmarca dentro
de la violencia institucional. La misma está definida en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en su artículo 12.5 como aquella reflejada en acciones u omisiones institucionales que
obstaculizan el acceso de mujeres a servicios públicos, como el acceso a la justicia.

La audiencia de juicio para Betty y la madre de la menor está programada para el próximo 24 de marzo, en el
marco del mes donde se conmemora el Día de la Mujer y se llama a proteger sus derechos. Mientras, la
menor de edad, víctima de abuso, es olvidada y revictimizada por el sistema llamado a protegerla.