OPINIÓN| Comprometer la conciencia

Imponer un requisito burocrático o un plazo para el ejercicio de un derecho, resulta absurdo y totalmente inconstitucional. Implica que es el Estado quien reconoce este derecho, de modo que puede decidir cuándo, en qué condiciones y bajo qué parámetros, va a atribuir una facultad a una persona. Todo lo contrario a la concepción de nuestro derecho constitucional que reconoce derechos que “emanan de la dignidad humana”.