Algunas veces el dolor y el sufrimiento de una persona le hacen pensar en soluciones como atentar contra su propia vida, o actuar en contra del hijo que lleva en sus entrañas, o de sus seres queridos que sufren. El suicidio, la eutanasia o el aborto muchas veces responden a un grito ahogado de auxilio, que lastimosamente, en lugar de generar en la sociedad la voluntad decidida extender la mano, se proponen alternativas que conducen a la muerte de un ser humano.

Así, la muerte pasa de ser la última, a ser la primera opción. De hecho, los movimientos a favor de la eutanasia, usualmente pretenden incluirla dentro del derecho a la vida o el reconocimiento de la dignidad de la persona, como si existiese un “derecho a morir” o un “derecho a morir con dignidad”.

Esta definición llama mucho la atención, cuando se pretende ligar los conceptos de justicia, libertad, autonomía y dignidad. De hecho, existen cientos de muertes injustas, como los que mueren a causa de la guerra, el terrorismo, la desnutrición o la pobreza, siendo víctimas de un sistema que favorece a los más poderosos.

Incluso, se intenta justificar -movidos por la sensibilización del dolor humano- los intereses económicos ocultos que están detrás de estas propuestas. Así, por ejemplo, quedan escondidos los intereses de los Estados, de las empresas aseguradoras, y tantos otros que aprovechan por el ahorro de las prestaciones que están obligados a cumplir para asistir a los enfermos e invertir recursos en cuidados paliativos de los agonizantes.

En este sentido, cabe preguntarnos: ¿Qué es morir con dignidad? ¿En manos de quién dejamos la decisión? La historia nos ha enseñado el peligro de conferir al Estado o terceros la facultad de decidir sobre la vida o la muerte de una persona.

La evidencia de los países donde se ha despenalizado la eutanasia, es francamente alarmante. El rango de muertes sin el consentimiento del paciente oscila entre el 7%, en unos casos, y hasta 59% en otros. ¿Cómo podemos hablar de autonomía, libertad, autodeterminación en casos como éstos?

Pensemos en el caso actual de Indi Gregory, una bebé de 8 meses que sufre una enfermedad que la obliga a estar conectada a un soporte vital para sobrevivir. Por razones económicas, el equipo directivo del Hospital Queen Medical Center de Nottingham, en Inglaterra, decidió retirarle el soporte vital a esta niña, aun cuando sus padres se opusieron a esta decisión y el Hospital Bambino Gesú de Roma accedió a continuar con su tratamiento. ¿Cómo podemos siquiera pensar, que el morir es parte del derecho a la vida digna, cuando le están forzando a esta niña a renunciar justamente a su derecho a vivir?

Aun si la decisión recae en la propia persona, ¿de qué manera se distinguen la eutanasia del suicidio? Definitivamente, estamos abriendo el espacio -lamentablemente muy fino- para delimitar el alcance de la vida digna de todo ser humano. Haciendo equivalentes, sin más, las ayudas sociales, con el descarte.

Se deben distinguir las alternativas que existen principalmente para los enfermos incurables. Es innegable que a éstos les asiste el derecho a renunciar a terapias o tratamientos médicos invasivos que tengan por objeto exclusivamente prolongar su tiempo de vida, pero no ofrecen una cura ni alivio para su enfermedad. No obstante, con la eutanasia, únicamente les estamos ofreciendo un suicidio asistido.

Por ello, al hablar de la eutanasia, existen una serie de aspectos que deben ser analizados y discutidos luego de un profundo debate democrático, fundamentado en la ciencia, la moral y el respeto de la dignidad humana. De ninguna manera se puede permitir que se imponga autocráticamente la eutanasia, como se ha hecho con otros temas tan sensibles como el aborto, por la decisión de unos pocos. Necesitamos defender el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la democracia, y esto solo es posible comenzando por el reconocimiento y el respeto del derecho a la vida, consagrado en la Constitución del Ecuador.

Insisto que este tema no puede ser analizado a la ligera. Existen serias preocupaciones derivadas no sólo de la protección de la vida, sino de los posibles abusos del derecho, la exposición de los más vulnerables como los enfermos o discapacitados, de los que no tienen la capacidad de expresar su consentimiento, e incluso los derechos de los médicos y profesionales de la salud, quienes una vez más pueden ser forzados a ejecutar prácticas contrarias al juramento hipocrático que los comprometió a dirigir todos sus esfuerzos para salvar la vida humana.

La piedad, este sentimiento de profunda compasión por quien sufre o padece, nos obliga a dejar de ser meros expectantes y -alejándonos de la cultura del descarte- implementar mecanismos para mejorar las condiciones de vida de los enfermos incurables, los discapacitados o los agonizantes.

Promover un verdadero acompañamiento a los que sufren; aprovechar eficientemente de la ciencia y la técnica médica para disminuir el sufrimiento físico y psicológico de las personas; y, generar verdaderas ayudas económicas para que estas soluciones sean accesibles para todos.

La muerte no siempre conlleva paz, ni implica el fin de los problemas. La paz se consigue cuando tenemos la tranquilidad de haber agotado todos los esfuerzos para ayudar de la mejor manera a quien sufre, favoreciendo especialmente a aquellos más vulnerables.