Tomo el título de este artículo de la reciente Encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV y lo hago con la convicción de que, para comprender el altísimo valor de los derechos humanos, es necesario conocer qué son, a quiénes amparan y quiénes son los llamados a protegerlos.
Me parece fundamental resaltar la importancia de los derechos humanos porque, lamentablemente, este concepto se identifica -erróneamente- con ciertos grupos ideológicos o políticos, y se ha perdido el reconocimiento de su valor trascendental.
Mientras escribía este artículo, vi una nota de prensa sobre un grupo de activistas que fueron impedidos de ingresar a un país hermano. Sin emitir un juicio a favor o en contra de lo que representa ese grupo activista, ni de las razones estatales que les impidieron el ingreso, lo que verdaderamente me perturbó fue el titular de la noticia: “Se impide el ingreso a Derechos Humanos”.
Y es que el principal problema radica precisamente en identificar a los derechos humanos como algo privativo de cierto grupo de personas. Los derechos humanos no son una organización, una corriente ideológica, una bandera partidista ni el patrimonio exclusivo de quienes trabajan en su promoción. Tampoco pueden confundirse con las agendas particulares que, legítima o ilegítimamente, puedan impulsar determinados colectivos. Los derechos humanos existen con independencia de quienes los invocan, los defienden o incluso los instrumentalizan.
Como lo recoge el Santo Padre en su Encíclica, citando las palabras de san Juan Pablo II ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, “continúa siendo en nuestros días una de las más altas expresiones de la conciencia humana… una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad”. Es decir, los derechos son uno de los mayores logros éticos y jurídicos de nuestra civilización porque expresan una verdad anterior a toda legislación positiva: que cada persona posee un valor propio e irrepetible que exige respeto. Desconocer los derechos humanos implica, en última instancia, restarle valor al ser humano mismo.
Como nos explica el Papa, los derechos humanos no son algo que se le añade o se le concede a la persona a través de algún tipo de reconocimiento estatal o internacional -como erróneamente se suele entender- sino que brotan de la dignidad intrínseca del ser humano; es decir, le corresponde al hombre por el solo hecho de existir. El Estado no crea la dignidad humana ni otorga los derechos fundamentales; simplemente los reconoce y está obligado a garantizarlos.
Esta idea tiene una enorme importancia práctica. Si los derechos dependieran exclusivamente de la voluntad del poder político, podrían ser ampliados, restringidos o eliminados según las circunstancias históricas o los intereses de quienes gobiernan. Pero si encuentran su fundamento en la dignidad humana, entonces constituyen límites objetivos frente al poder. Los derechos humanos recuerdan permanentemente que existen ámbitos de la vida humana que ninguna mayoría política, ningún gobierno y ninguna institución pueden legítimamente vulnerar.
Sólo comprendiendo el valor intrínseco de la vida humana -su dignidad- podremos entender el objeto del reconocimiento de los derechos humanos tanto en el derecho positivo como en la ley moral. Desde esta perspectiva, la dignidad humana no es una concesión social ni una cualidad que se adquiere por el desarrollo de ciertas capacidades; es una realidad inherente a toda persona. Por ello, el valor de una vida humana no depende de su utilidad, productividad, autonomía, condición de salud, edad o grado de desarrollo. Toda vida humana posee igual dignidad y merece igual protección. No se puede invocar derechos humanos cuando, paralelamente, se promueve la confrontación de grupos sociales, el aborto, la eutanasia, o se justifica la guerra o sistemas políticos e ideológicos que se arrogan el poder de disponer de la vida o de los derechos de cualquier persona.
La universalidad de los derechos humanos exige además rechazar cualquier intento de dividir a la humanidad entre personas más merecedoras de protección y personas cuya dignidad pueda relativizarse. Allí donde se establecen categorías de seres humanos con distinto valor moral, se socavan los fundamentos mismos de los derechos humanos. La historia demuestra que las mayores tragedias de la humanidad comenzaron precisamente cuando algunos grupos fueron excluidos y privados del reconocimiento de su dignidad.
En consecuencia, los Estados, los organismos internacionales y cualquier grupo que promueva el respeto de los derechos humanos únicamente cumplen su función de protegerlos, garantizarlos y promover su respeto, pero no de apropiarse de ellos. Los derechos humanos no tienen propietarios, porque pertenecen a todos. Son patrimonio común de la humanidad precisamente porque tienen su origen en aquello que todos compartimos: nuestra condición humana.
Solo existe justicia social cuando todo orden social, económico y político reconoce la universalidad, inalienabilidad e inviolabilidad de los derechos humanos para todas las personas, y en particular, para las más vulnerables.
Estamos llamados, cada uno desde su lugar, a ser verdaderos custodios de la dignidad humana. Eso implica algo incómodo: cuestionar y rechazar a quienes, aún enarbolando el nombre de los derechos humanos, generan división, alimentan el resentimiento o promueven la confrontación social. Como nos recuerda el Papa León XIV, no puede haber humanidad plena sin reconocimiento sincero del otro. La coherencia es, en este caso, una exigencia moral: si los derechos humanos pertenecen a todos, nadie puede defenderlos dividiendo a la humanidad en dos. Defender auténticamente los derechos humanos significa defender a cada persona humana, sin excepciones, sin exclusiones y sin privilegios.
