Muchos podrían argumentar que la corrupción, la pobreza o el crimen organizado son de los peores males que sufre el Ecuador. Sin embargo, poco se habla de la falta de confianza en las instituciones políticas y jurídicas, donde reside la base de la mayor parte de problemas.

Tenemos, entonces, jueces a lo largo y ancho del país que utilizan garantías jurisdiccionales, creadas para proteger derechos individuales, con el fin de permitir artimañas políticas dentro y fuera de las diferentes funciones y organismos del Estado.

Por otra parte, tenemos jueces constitucionales que fomentan el abuso del derecho al desnaturalizar la función de las garantías constitucionales y permiten que lo que un día dijo la opinión mayoritaria de la Corte y luego el legislador, quede sin efecto.

Considero que, antes que eliminar problemas inmediatos y emergentes, el gobierno nacional debe establecer, o al menos aspirar a establecer, una política de fortalecimiento de las instituciones del Estado, tanto en sus procesos internos como en los servicios que brinda a los ciudadanos.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que miles de niños dejen de ser adoptados, porque los procesos se demoren por los constantes cambios de las reglas impuestas por determinada administración? ¿O que la Asamblea Nacional juegue al gato y al ratón con la designación de puestos en el Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Superintendencia de Bancos?

El Estado de Derecho tiene su fundamento en el respeto de la ley para evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y determinar los límites en las acciones y competencias de cada uno. Sin una verdadera institucionalidad y el respeto a la ley, el destino del ciudadano común está supeditado al criterio arbitrario de jueces con poderes absolutos; las leyes válidamente aprobadas se convierten en letra muerta al momento de exigir el respeto o el reconocimiento de un derecho; y, la seguridad jurídica y la justicia se convierte en un privilegio de pocos. 

Los ciudadanos y especialmente los juristas, debemos combatir la costumbre de  “hecha la ley, hecha la trampa.” Todos estamos llamados a hacer prevalecer el mandato popular recogido en la Carta Constitucional.  Los funcionarios públicos -y en especial los jueces- están obligados a precautelar el ejercicio efectivo de los derechos y el reconocimiento del  derecho y la justicia en el Ecuador.

Ahora que se acercan elecciones seccionales, es un excelente momento para exigir a los nuevos candidatos el respeto absoluto a la ley que nos gobierna, así como un actuar acorde a las funciones que les vayan a ser encomendadas.  Todos quienes ostentan un cargo de poder tienen el deber de ajustar su conducta a ella; no usarla a su antojo ni usar el poder como un mecanismo para imponer  su parecer.  Es nuestro deber exigir de los funcionarios públicos, el respeto a la ley y el cumplimiento de sus deberes institucionales.

Si fortalecemos la institucionalidad, se limita radicalmente la arbitrariedad de los funcionarios públicos, de cualquier movimiento o partido político. La institucionalidad permite vivir en una auténtica  democracia. Y sólo una auténtica democracia y el respeto de las instituciones, son garantías del orden público y social, la convivencia pacífica y la organización política del país, en beneficio de todos.

Debemos trabajar y exigir que se trabaje, especialmente desde la política, por unas reglas que no favorezcan a unos pocos, sino al ciudadano de a pie cuyos derechos son vulnerados todos los días.

Publicado originalmente en la Revista La República: 

https://www.larepublica.ec/blog/2022/12/28/en-defensa-de-la-institucionalidad/