El péndulo político latinoamericano sigue buscando balance. En Chile, los partidos de oposición arrasan con la mayoría en el Consejo Constitucional, encargado de la nueva redacción de proyecto constitucional, luego de la tremenda derrota del “apruebo” de la propuesta de Boric. En Ecuador, la pugna por el juicio político al presidente Lasso, terminó de rasgar y reorganizar la integridad política de varios partidos y asambleístas, quienes desde las dignidades alcanzadas, defienden una causa sin fundamento jurídico. ¿Qué tienen en común ambos procesos políticos? Que en ambos ha sonado, como el eco de un fantasma, la acusación peyorativa de la “extrema derecha”.

Pero, ¿qué es la extrema derecha? ¿Cómo identificar a un partido político de extrema derecha? ¿Quién tiene la autoridad para identificarla y perseguirla? En Ecuador, un Partido Social Cristiano que supo aprovechar coyunturas políticas; en Chile, la izquierda oficialista.

Tomo el ejemplo de la Alemania de la postguerra, destruida por el autoritarismo, la violación de derechos humanos y las consecuencias de la guerra. Para volver a armar un estado democrático, de los más fuertes en la Europa actual, el proyecto de los aliados debió establecer -respecto de la república de Weimar- redobladas limitaciones que otorguen libertad, pero “conformidad a los principios democráticos”. El artículo 21 de la Constitución Alemana vigente determina la inconstitucionalidad de partidos que, por principios o por acciones, socaven o supriman el orden democrático y la existencia de la república. Fue la sentencia definitiva para evitar que otras ideas de extrema derecha repitan los horrores del nacional socialismo en nombre de la democracia.

Hoy, los que acusan de “extrema derecha”, que buscan desacreditar a cierta derecha conservadora, a veces buena o mala, firme o mediocre, pero que estorba a muchas agendas progresistas, olvidan que la democracia se alimenta de debates de altura, de propuestas diversas y contrapropuestas. En esa diversidad se avanza en una búsqueda integral e integrada de soluciones para tantas realidades que trascienden la visión progresista y conservadora.

Desacreditando a unos se reniega de la realidad de que un proyecto político integral no puede venir de una única visión parcializada, debe alimentarse, no solamente de opiniones, sino también razones de acciones.

Desacreditar una visión conservadora por “extremista”, sin comprender los amplios límites democráticos, se parece más a una falacia ad hominem en favor de unos pocos que a un proyecto político que busque “institucionalidad” u otras quimeras que alimentan discursos vacíos. Y a la vez, se debe aplaudir a quienes, desde su inconformidad con un gobierno o postura, no sacrifican el imperio de la ley por alcanzar dignidades. Ahí también se respira democracia.