Acaba de instalarse la nueva Asamblea Nacional. Su tiempo en funciones será el período democrático más corto de nuestra historia: apenas año y medio de gestión.
¿Qué se puede hacer en ese periodo? Realmente serán pocos y muy puntuales los temas que se puedan abordar, sobre todo considerando que la agenda política estará orientada a asegurar la reelección para 2025.

Esta es la dificultad: en circunstancias políticas favorables, un proyecto de ley no se tramita en menos de 6 meses entre su presentación y su notificación a presidencia para el respectivo veto. Esto ocurre porque requiere pasar múltiples filtros. Revisemos:
Primero, debe ser revisado por la Unidad Técnica Legislativa, quien emite un informe no vinculante, y luego requiere pronunciamiento favorable del Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde se asigna la comisión que lo tramitará.

En la práctica, estos dos filtros se encargan de potenciar o entorpecer el avance de los proyectos de ley, y también sirven para dar aviso a organizaciones sociales y políticas, de modo que puedan influenciar directamente al proponente. Así se ha logrado bloquear múltiples proyectos de ley en el pasado, pues el CAL nunca los considera para sus informes. También sirve para ejercer presión política al asambleísta proponente, lo que ha logrado que estos se retiren o dejen de impulsarse.

Si un proyecto de ley pasa estos filtros, llega a la comisión respectiva. Allí está sujeto nuevamente a la voluntad política del presidente de la comisión, quien junto con los demás asambleístas gestionan la agenda. Durante ese tiempo, un proyecto de ley puede tardar meses en ser analizado y aprobado, o incluso estancarse definitivamente. Además, convenientemente, las sesiones para socializar el proyecto y escuchar aportes del Estado y la sociedad civil también se gestionan con una publicidad y antelación políticamente programada.

Finalmente, la última gran potestad política que debe afrontar un proyecto de ley es la Presidencia de la Asamblea. Desde allí se gestiona el orden del día y las sesiones a realizarse para discutirlo. Es decir, que un proyecto de ley puede haber pasado todos los filtros y formalidades, pero si no tiene apoyo de la presidencia de la Asamblea, nunca se presentará para votación y quedará suspendido en un limbo jurídico, hasta su archivo. Así, mientras se preparan las sesiones del Pleno, en los pasillos se cocinan los votos con acuerdos políticos.

Este es el principal reto de la nueva Asamblea: crear procesos transparentes de formación de leyes, desprendiéndose de las viejas prácticas que sobreponen la rivalidad política ante las necesidades del país. Una política de acuerdos, de transparencia, que busque desterrar la “viveza” de encontrar vacíos legales o detener los procesos.

Esa es la Asamblea Nacional que buscamos, una que se preocupe por mejorar sus prácticas legislativas. Que atienda las necesidades urgentes en materia de seguridad, provisión eléctrica, reducción de pobreza, fomentar el empleo y mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos.

Lastimosamente, con todo el trabajo acumulado del período anterior y los temas urgentes, pero no importantes, se corre el riesgo de dejar en el olvido cuestiones sociales que menos ostentosas, como la reforma al sistema de adopciones, la protección a las mujeres en contra de la violencia obstétrica y la protección de madres y familias que han perdido a sus hijos antes, durante o después del parto, y que ahora sufren su duelo en silencio.

¿Cuántos temas quedarán sin resolverse hasta 2025? ¿Cómo mejorará la Asamblea Nacional la transparencia de sus procesos? ¿Cuáles son los temas de la agenda que van a priorizar y cuáles dejarse de lado? Para quienes trabajamos en la asesoría legislativa desde la sociedad civil, estas preguntas son fundamentales para definir la línea de trabajo y la colaboración que buscamos realizar al interior de la nueva Asamblea.