Desde hace varios años los temas LGBTIQ+ se han vuelto una temática fuerte en las políticas de varios estados. El presidente Trump dijo en uno de sus primeros discursos de este nuevo mandato: «sólo hay dos géneros: hombre y mujer», frente a la ovación de miles de seguidores. ¿Qué hace que está frase sea tan controvertida?

Actualmente existen diversidad posturas sobre el sexo y el género de las personas. Posturas tachadas de retrogradas y ultra conservadoras dicen que el sexo solo puede ser masculino o femenino y responde a postulados biológicos y fisiológicos evidentes; que el sexo es un elemento escencial de cada persona y no hay razón para querer modificarlo. Posturas llamadas progresistas o ‘woke’ sostienen, por el contrario, que el cuerpo es solo un recipiente y que cada persona tiene derecho a identificar su sexo, su género, su identidad sexual y su expresión sexual, llegando a ser 4 categorías distintas y fluidas, independientes de la biología. Creo firmemente que en una sociedad democrática nadie tiene derecho a imponer su visión sobre el tema. 

Pero la discusión teórica se vuelve política cuando se impulsa la visión progresista con dinero del Estado y cuando se incluye la «diversidad sexual» en programas de gobierno, capacitando a funcionarios públicos y financiando carros alegóricos para la marcha del orgullo LGBTIQ+. Se vuelve política cuando se impone a la sociedad, incluso desde la infancia, la obligación de aceptar como propia la postura ‘woke’, que es lo que recientemente hizo una mayoría de la Corte Constitucional.

Mediante el fallo 95-18-EP/24, la Corte impuso en nuestro sistema jurídico la ideología progresista sobre el género y mandó a qué todos los colegios, públicos y privados, tengan protocolos de aceptación y sensibilización de niños, niñas y adolescentes “trans”. Asumen, contrario a la evidencia científica, que un menor tiene derecho a fabricar su género y obligan a toda la comunidad educativa a aceptarlo y promoverlo, ignorando el rechazo que existe en la comunidad internacional de dar a los niños esa responsabilidad porque no existe evidencia científica que respalde esa postura. La Sentencia de 5 jueces constitucionales no cita ni un sólo estudio científico.

La Corte impuso que todas las escuelas y colegios en Ecuador tengan que implementar un protocolo para respetar, aceptar y promover la transición de género en menores; que se tienen que dar ‘charlas de sensibilización» a toda la comunidad educativa, especialmente a los que no aceptan esta ideología; y que los baños no se pueden diferenciar por sexo sino por género, de modo que si un adolescente varón de 17 años se autopercibe mujer, tiene derecho a usar el baño de niñas.

La Corte con este fallo defraudó a la Constitución, que es laica y no permite la imposición de ningún dogma, filosofía o ideología. La Corte defraudó a los colegios y escuelas que tienen libertad de ideario y de expresión y están siendo obligados a adoptar esta nueva forma de educar, y defraudó también a los padres de familia que queremos una educación humanista, en valores, libre de confusiones para nuestros hijos.